A los políticos les cuesta entender cómo está configurado el tejido empresarial español. La brocha gorda se la conocen todos: hay tres millones de trabajadores autónomos y sus pequeños negocios dan empleo al 80% de los trabajadores. Ahora bien, donde se pierden es en los detalles.
Sólo así se explica que la reforma laboral auspiciada por el Gobierno, y que ahora estudia el Senado, exija a todas las sociedades, al margen de su tamaño, los mismos criterios para poder acogerse al despido objetivo, que contempla una indemnización de 20 días por año de trabajo.
El proyecto de ley contempla, con carácter general, que las empresas deben estar en una situación económica negativa para poder aplicar este coste del despido, pasando por alto que para un autónomo esa fase puede suponer ya el cierre forzoso del negocio. Por este motivo, los autónomos insisten en que la reforma laboral no animará las contrataciones.
Pero los ninguneos de la clase política hacia el colectivo no acaban ahí, según denuncian las asociaciones mayoritarias. El Ejecutivo ha decidido apartarles de la ayuda especial de 426 euros a la que tienen derecho, de forma excepcional, los parados que hayan agotado sus coberturas de desempleo, contributivas o no.
Además, a pesar de que han logrado rascar esta legislatura un derecho histórico (a partir de 2011 cobrarán el paro si cesa su actividad) el tiempo de la cobertura y la cuantía es sensiblemente inferior a la que disfrutan el resto de trabajadores.
Expansión.com Editoriales 22 de Agosto del 2010
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