LOS AUTÓNOMOS PIDEN AYUDA ANTE EL AZOTE DE LA MOROSIDAD PÚBLICA

Riesgo de destrucción masiva de empleo en 2011. La presidenta regional del colectivo ATA solicita la creación de una línea ICO-morosidad para que los ayuntamientos puedan afrontar las deudas contraídas.

La presidenta regional de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Soraya Mayo, advirtió ayer en la capital de las consecuencias irreversibles que puede ocasionar en el colectivo la morosidad pública si mantiene la incidencia actual en el próximo año.
“Nos afectará que a las Administraciones no les dejan refinanciar la deuda, porque todos los ayuntamientos en Castilla y León están en quiebra técnica y deben dinero a autónomos y microempresas”, anunció, al tiempo que subrayó que este escenario puede provocar que el próximo año “volvamos a la destrucción empresarial del ejercicio de 2009 y es bastante peligroso”.
¿Cuáles son las soluciones? Desde ATA solicitan el impulso a una línea ICO-morosidad con la pretensión de que los consistorios puedan afrontar las deudas contraídas con los autónomos, “para que no se pierdan más empresas y porque éstas son las que pagan los impuestos en los ayuntamientos”, razonó Mayo.

La presidenta regional de ATA ilustró con números la realidad que padece el sector en el capítulo financiero. “De los 34.000 millones de euros que deben las autonomías, un 35% corresponde a los trabajadores por cuenta propia y empresas, es decir, que nos deben mucho”, recordó, para matizar que la Administración pública “siempre ha pagado tarde, pero pagaba”. Esta evolución hacia una realidad más compleja en el plano financiero motiva que el colectivo anuncie sus reservas ante futuras propuestas laborales. “A partir de ahora, cuando un ayuntamiento u otras instituciones quieran contratar nuestros servicios, pues habrá que pensárselo porque no sabemos si vamos a cobrar o no, y hay muchas empresas de limpieza o de recogida de basuras que viven de la la Administración y nos estamos encontrando con auténticos dramas”.

Soraya Mayo aprovechó para denunciar el incumplimiento de la Ley de Morosidad, “porque los 55 días de pago es una quimera”. La media de tiempo del sector público asciende a 158, mientras que el retraso en Europa es más reducido: 67 jornadas.

TRIBUNA.net 18 de Noviembre de 2010