miércoles, 15 de junio de 2011

El director de Economía Social, Juan José Barrera, extrabajador de UPTA-UGT, estaba al frente de la creación de la mesa de los emprendedores en la que el sindicato salió beneficiado.



La lucha para convertirse en la voz oficial de los emprendedores ha traspasado los límites de lo imaginable. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero anunció hace tres años la puesta en marcha de un Consejo estatal al que, teóricamente, sólo podrían entrar las siglas más representativas. El desenlace: dos organizaciones minoritarias UPTA-UGT y OPA, ahora integradas, han obtenido las mejores puntuaciones del concurso, en perjuicio de las mayoritarias.
Si nada cambia, estas dos asociaciones, sin apenas representación, recursos propios y empleados, serán la voz de tres millones de autónomos en este Consejo, encargado de asesorar al Gobierno. Además, se llevarán el grueso de las subvenciones (este año se han repartido 12,9 millones de euros).
Detrás de estas marcas hay dos nombres propios. El primero es Sebastián Reyna. Asegura que UPTA-UGT tiene 298.398 afiliados, dato que no figura en los libros de registro internos. De hecho, en el último congreso (8 de abril del 2010) quedó reflejado que cuenta con tan sólo 6.476. En los certificados de cuotas que guarda la matriz sindical, a los que ha tenido acceso EXPANSIÓN, constan poco más 22.000, de los que una parte son agricultores de la UGT.
UPTA-UGT ha estado con el agua al cuello para intentar cumplir con los criterios legales exigidos, que no tuvieron más remedio que maquillar, con la anuencia del director de Economía Social, Juan José Barrera, responsable de este concurso, según se desprende de la documentación revisada por este diario. La cúpula puso en marcha una ofensiva y envió varias cartas internas a las que EXPANSIÓN ha tenido acceso.
En una de las misivas se pide a las bases que se pongan a buscar autónomos entre colectivos muy variopintos: cooperativas e incluso afiliados a sindicatos y partidos políticos. Para sortear otra piedra la necesidad de tener recursos propios-, la organización de Reyna dio instrucciones para coger el teléfono: si alguien llamaba preguntando por algún portavoz, que obviamente no estaba en las supuestas sedes, debían responder que en ese momento no había nadie. Otra de las directrices se basó en instalar siglas junto al logo de UGT, simulando que ambas convivían en el edificio.
Las cifras presentadas a Trabajo hablan de 95 sedes, aunque la realidad puede ser muy distinta. En Madrid, Murcia, Canarias y Extremadura la organización simplemente no existe (está en suspenso o bajo gestoras). En esta última región la organización naufragó tras un agujero de 100 millones de las antiguas pesetas (601.012 euros).
El lavado de cara de estos datos aconteció meses antes del desembarco del ministro Valeriano Gómez. Según fuentes ministeriales, el titular de Trabajo está al corriente de esta estrategia y baraja la destitución de Barrera, ex integrante de UPTA-UGT. Barrera pertenece al consejo de redacción del Centro Internacional de Investigación sobre Economía Pública, cuyo presidente es Jose Luis Monzón, el hombre que está al mando de la comisión de expertos que ha decidido quién entra en el Consejo. El vicepresidente es el propio Sebastián Reyna.
La otra persona beneficiada es Camilo Abiétar, que ha sido primer teniente alcalde de un pueblo de Albacete por el PSOE. Dirige OPA, que ha cambiado tres veces de nombre y según su CIF actual cuenta con un solo trabajador. Sus sedes pasaron de 13 a 38 en el paso de 2009 a 2010 y su teléfono se basa en una línea 900 con contestador.
En mitad de este proceso OPA ha anunciado su integración en UPTA-UGT. Ambas podrían, así, ser mayoría en el Consejo, lo que les permitirá controlar directamente leyes y recursos.



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