Juan José Barrera, ‘ex’ de UPTA- UGT, escribe una carta sin sello oficial para justificar que cuenta con el apoyo de sus superiores en el Ministerio.
Barrera envió primero la epístola a ciertos presidentes de asociaciones y luego la colgó en la web del Ministerio, sin el habitual anagrama que acompaña a las comunicaciones oficiales. De hecho, la carta sólo le podía ver pinchando en la Dirección de Economía Social que pilota. El Departamento de Valeriano Gómez no estaba al corriente de la publicación de esta misiva, en la que el alto cargo lanza un sutil órdago al ministro.
El director justifica que durante sus más de siete años en su puesto ha desarrollado muchos proyectos, y todos con el beneplácito de sus “superiores”. “Todo ello [dice tras repasar someramente su trayectoria] ha sido posible porque he tenido la gran suerte de contar con el apoyo de mis superiores”.
Con este aviso a navegantes, en el que el alto cargo deja claro que por encima de su cabeza hay un responsable superior, Barrera pisa el acelerador para contradecirse a sí mismo. Si el lunes por la tarde declaraba a este periódico –ver EXPANSIÓN del martes– que la comisión encargada de valorar la documentación aportada en el concurso no se revisó en profundidad (“¿Quién coge un millón de documentos o más y los manda a dónde sea para comprobar los nombres?”, dijo Barrera tras esgrimir que había sufrido presiones por parte de los aspirantes para acabar “lo más rápido posible”), ayer declaraba que “se ha hecho un esfuerzo ímporbo en el análisis exhaustivo de toda documentación”.
El siguiente mensaje que lanza es que en este concurso “se presume de la buena fe de todos y cada uno de los solicitantes”, un argumento que cae a ras de suelo al comprobar que, siguiendo la literalidad de los datos aportados (se supone que todos de buena fe), UPTA-UGT no debería obtener la máxima puntuación en el capítulo de sedes permanentes (presentó 95, frente a las 108 de ATA ó las 200 de CIAE), ni tampoco se entiende que haya adelantado a otras organizaciones en la valoración del número de afiliados (UATAE presentó 5.400 afiliados más, por citar un ejemplo).
Acusa de un grave delito
Si la Administración utiliza el principio de buena fe, “ese criterio, obviamente, hay que aplicarlo a todos y cada uno de los candidatos que se presentaron al concurso”, remarcan los juristas consultados por este diario, especializados en derecho administrativo.
Por otra parte, el director de Trabajo señala que desde el tres de junio ha habido un “acoso impresentable e injusto” hacia los examinadores de este proceso y quien los designó, es decir, él mismo. Esta grave acusación tiene un difícil encaje, ya que el presidente del grupo de expertos, Jose Luis Monzón, fue entrevistado por este diario, una información que se publicó el miércoles en estas mismas páginas.
El argumento de que Monzón es un experto cien por cien “independiente” puede ponerse en tela de juicio. Cabe recordar un simple dato: Monzón, Barrera y el líder de UPTA-UGT –la organización que ha salido reforzada, junto con OPA, en este concurso– trabajan juntos en un centro de estudios sobre economía social. Monzón lo preside; Sebastián Reyna, es su vicepresidente y Barrera forma parte de oficio del consejo de redacción. Los otros tres, funcionarios, que están en esta mesa son del equipo de Barrera, extremo que, según él, es algo “lógico”.
Del ‘sin revisión’ al ‘análisis exahustivo’
La selección de los portavoces del pequeño negocio está llena de intereses: esta insignia es clave parea influir sobre el Gobierno, pero también para recibir jugosas subvenciones (se reparten 12,9 millones este año).
Trabajo creó una comisión para hacer la criba. Los cinco seleccionadores fueron escogidos por un director general, Juan José Barrera, que ha sido trabajador de UPTA-UGT, asociación que ha obtenido la mejor nota.
Este alto cargo dijo primero que no se había verficado la información aportada en profundidad. Dos días después, que sí, aunque el examen a las organizaciones partió del principio de “buena fe” de los datos aportados.
Durante el concurso sólo se detectaron errores menores, según la versión oficial. Sin embargo, en la información que aparece en las web tanto de UPTA como de OPA hay errores llamativos. Un ejemplo rápido: OPA tiene al menos 11 organizaciones sin teléfono y en 14, su fax reedirige a una línea 900. De hecho, su teléfono oficial es una de estas líneas.
Aparte de que hay una brecha de más de 200.000 afiliados entre las cifras aportadas ante Trabajo por parte de UPTA-UGT y sus registros internos –ver la edición del martes– de un sencillo análisis se puede comprobar que en Canarias o Extremadura no hay sedes, y que dos en Madrid, que figuran como activas, no lo están en realidad.
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