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David contra Goliat: Sinopec hostiga a una empresa española en China

La empresa española Rainlake ha invertido cinco millones de euros en una fábrica en el norte China que Sinopec ha dejado, según sus propietarios, inutilizada. Los tribunales parecen no atreverse a decidir en contra de un gigante petroquímico que ingresó 400.000 millones de dólares en 2011 y es propiedad del Estado.

Los propietarios de Rainlake no esperaban que su pequeña industria dedicada a producir derivados del petróleo como detergentes o plásticos en una ciudad remota del norte de China (Fushun) pudiera atraer el interés de una multinacional como Sinopec. Sin embargo, en 2010 los empleados del conglomerado desmantelaron presuntamente la subestación eléctrica, levantaron una tapia y han interrumpido su actividad hasta ahora.

Según los directivos de la empresa española, para que no hubiera dudas, la filial de la gran petroquímica china en la región les señaló desde entonces que “eso ya era suyo” y, aunque meses después reconoció su responsabilidad ante los jueces y aceptó pagar una indemnización, sus representantes anticiparon que no habría ninguna sentencia “porque no se atreven a tocarles”. El hecho es que han pasado dos años y el Juzgado de Fushun Dongzhou no se ha pronunciado; mientras tanto, la fábrica no puede producir, las instalaciones podrían estar dañadas después de tanto tiempo y el proyecto empresarial parece irrecuperable.

Javier Serra, responsable económico y comercial de la embajada española en Pequín, advierte de que “precisamente por la fuerza que determinadas empresas chinas puedan tener ante autoridades locales, tanto políticas como judiciales, desaconsejamos llegar a la vía judicial, siempre que sea posible”. El vicepresidente de la Cámara de Comercio de España en Shanghái, Eduardo Casado, señala que en este tipo de circunstancias “las soluciones negociadas” son una opción mejor que acudir a los tribunales.

Sinopec, según un informe reciente, procesa sólo en Fushun más de nueve millones de toneladas de crudo y genera más de un millón de productos derivados todos los años. De ella dependen miles de puestos de trabajo directamente y también indirectamente y buena parte de la recaudación fiscal de la región proviene de las arcas de Sinopec y su rival China Petroleum Corporation.

Ambas compañías son estatales y poseen rango ministerial (lo que las sitúa por encima de los organismos que las regulan), sus líderes son nombrados por el Departamento de Organización del Partido Comunista y el ‘lobby’ petrolero ha logrado, según la investigadora de la Brookings Institution Erika Downs, el apoyo de prominentes líderes políticos entre los que destacan por ejemplo el número uno y número dos del Ministerio de Seguridad Pública, que controla la policía.

Precisamente por la manera en la que se mezclan la política y los negocios en este tipo de multinacionales, la solución a cualquier conflicto con ellas pasa a veces por acudir directamente a las autoridades. Según el socio de Roca Junyent en Shanghái, José Luis Ruiz-Galán, si “el caso es muy claro y flagrante”, entonces cabría “amenazarles con recurrir la sentencia” y con “llegar hasta los más altos niveles administrativos”, porque si los funcionarios sienten que sus jefes van a enterarse de la situación, pueden verse obligados a “negociar un acuerdo favorable”.

No sería la primera vez que Sinopec abusa de su posición. Por ejemplo, recortó drásticamente el suministro de combustible a gran parte del sur de China en 2005 para protestar por los precios regulados y provocó no sólo el cierre de numerosos negocios sino también graves protestas por parte de los transportistas. El primer ministro, Wen Jiabao, tuvo que intervenir entonces y Chen Tonghai, el consejero delegado del conglomerado, fue condenado sólo dos años después por haber aceptado 29 millones de dólares en sobornos.