La PAH solicita en el juzgado que se suspendan las ejecuciones hipotecarias
Quince personas afectadas presentaron escritos alegando que les amparan los derechos humanos y la normativa europea
Quince personas acudieron ayer a los juzgados de Logroño para presentar un escrito individual en el que solicitaban cada uno de ellos la paralización de los procedimientos de ejecución hipotecaria de su vivienda habitual y que ahora se encuentra en trámite judicial. La iniciativa de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de La Rioja se desarrolló ayer en Logroño y en próximos días tendrá continuidad en las dependencias judiciales de Haro y Calahorra.
Quienes han hecho esa solicitud ante la judicatura entienden que están amparados por los derechos humanos, que con la actual ley «se incumplen», dijo María Jesús Romero, que actuó como portavoz de la PAH. Asimismo, aseguran que tampoco se cumple la normativa europea al respecto.
Romero afirmó, por otra parte, que según la información que han recibido de los bancos, el problema de las entidades financieras «no son las familias que no pueden pagar su vivienda, que son un tres por ciento» sino «las inmobiliarias o grandes constructoras, no las familias, que es donde se está cebando la política del Gobierno», insistió.
Sobre la modificación que de la ley ha efectuado el Gobierno de Mariano Rajoy, aseguró que en La Rioja solo 'beneficiaría' a «una o dos personas y eso con mucho optimismo».
En primera persona
Un ejemplo de quien está a punto de ser desahuciado y no puede acogerse a la nueva ley es Héctor F., que ayer formaba parte de quienes presentaron la documentación en el juzgado. Según explicó, está divorciado y tiene dos hijos, pero al no tener la custodia no puede acogerse a la moratoria concedida por el Gobierno. Relató que le quedan de pagar algo más de 60.000 euros de una hipoteca de 168.000 y que «hace poco he recibido el embargo y me falta por conocer la fecha de desalojo».
Héctor se encuentra además con el problema de no poder pasar la pensión a sus hijos, un problema para el que no ve solución porque, además de quedarse sin casa, le queda la deuda.
El testimonio de Héctor en la puerta de los juzgados fue una muestra de que «cada día hay más familias en situaciones de extrema necesidad», afirmó Romero.
Quince personas acudieron ayer a los juzgados de Logroño para presentar un escrito individual en el que solicitaban cada uno de ellos la paralización de los procedimientos de ejecución hipotecaria de su vivienda habitual y que ahora se encuentra en trámite judicial. La iniciativa de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de La Rioja se desarrolló ayer en Logroño y en próximos días tendrá continuidad en las dependencias judiciales de Haro y Calahorra.
Quienes han hecho esa solicitud ante la judicatura entienden que están amparados por los derechos humanos, que con la actual ley «se incumplen», dijo María Jesús Romero, que actuó como portavoz de la PAH. Asimismo, aseguran que tampoco se cumple la normativa europea al respecto.
Romero afirmó, por otra parte, que según la información que han recibido de los bancos, el problema de las entidades financieras «no son las familias que no pueden pagar su vivienda, que son un tres por ciento» sino «las inmobiliarias o grandes constructoras, no las familias, que es donde se está cebando la política del Gobierno», insistió.
Sobre la modificación que de la ley ha efectuado el Gobierno de Mariano Rajoy, aseguró que en La Rioja solo 'beneficiaría' a «una o dos personas y eso con mucho optimismo».
En primera persona
Un ejemplo de quien está a punto de ser desahuciado y no puede acogerse a la nueva ley es Héctor F., que ayer formaba parte de quienes presentaron la documentación en el juzgado. Según explicó, está divorciado y tiene dos hijos, pero al no tener la custodia no puede acogerse a la moratoria concedida por el Gobierno. Relató que le quedan de pagar algo más de 60.000 euros de una hipoteca de 168.000 y que «hace poco he recibido el embargo y me falta por conocer la fecha de desalojo».
Héctor se encuentra además con el problema de no poder pasar la pensión a sus hijos, un problema para el que no ve solución porque, además de quedarse sin casa, le queda la deuda.
El testimonio de Héctor en la puerta de los juzgados fue una muestra de que «cada día hay más familias en situaciones de extrema necesidad», afirmó Romero.
No hay comentarios:
Publicar un comentario