ATA-RIOJA

LA RIOJA
Los ERE en el sector público pueden afectar a empleados de 3 entidades

El temor se centra en que pueda repercutir en los trabajadores del hospital de Calahorra y en los de Eccysa y la Agencia del Conocimiento

Las administraciones públicas ya pueden realizar despidos colectivos por causas económicas, siempre que acrediten déficit presupuestario o una reducción del cinco por ciento de su presupuesto. Así se recoge en el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros a finales de octubre y que ya ha entrado en vigor.
Los ERE en el sector público afectarían al personal laboral de las administraciones local, autonómica y central (unos 700.000 empleados en España, según los sindicatos), así como a los trabajadores de empresas con más del 50% de capital público (unos 140.000 trabajadores). Los sindicatos han criticado duramente este Real Decreto que califican de «peligroso».
Con los datos de las administraciones públicas de La Rioja en la mano, el principal temor ante un posible despido colectivo se centra en «las desaparecidas Eccysa y Agencia del Conocimiento y en la Fundación Hospital de Calahorra». El secretario de Acción Sindical de FSP-UGT, Juan José Bárcenas, aclara que aunque, «Eccysa y Agencia del Conocimiento son empresas que ya han desaparecido, su personal laboral sigue vinculado a ellas, aunque ahora desarrolla sus funciones en otros servicios de la administración». «Son empresas que el año que viene no tendrán presupuesto», advierte y «tenemos muchísimo miedo de que a estos trabajadores les afecte».
Respecto a la Fundación Hospital de Calahorra, «se habla de la creación de un complejo sociosanitario -formado por el hospital, Residencia Los Manitos y el geriátrico- con 450 trabajadores cuando el Hospital ahora ya tiene 420 empleados», explica, al margen de la privatización de la gerencia que ya se ha aprobado. Añade también que «en la Residencia Los Manitos trabajan ahora 80 funcionarios y 10 laborales».
Respecto a las consejerías del Gobierno regional, la que cumple los requisitos para poder aplicar un ERE sería la Salud y Servicios Sociales que tiene «una reducción del 10% en su presupuesto», explica Bárcenas. No obstante, el secretario de Acción Sindical de FSP-UGT confía en que en La Rioja «no se produzca una sangría y la aplicación de este Real Decreto sea limitado».
Otras entidades con capital público, como la Universidad de La Rioja, quedarían al margen. «Los contratos del personal laboral de la Universidad suelen ser por año lectivo o por programas, entonces se pueden ver afectados por finalización de contrato, pero no por EREs masivos», aclara.
En los ayuntamientos riojanos también hay pocas posibilidades de despidos colectivos. «En Logroño es imposible que se aplique porque no tiene personal laboral, tiene mucha empresa subcontratada; Calahorra tiene muy pocos laborales y en otros ayuntamientos de cabeceras de comarca que sí tienen personal laboral todavía desconocemos sus datos económicos».
Respecto a las delegaciones del Estado que operan en La Rioja, Bárcenas explica que «puede haber ERE, pero es difícil porque las plantillas están ya muy ajustadas». En un repaso por las distintas delegaciones de la Administración Central en nuestra Comunidad, el representante de UGT indica que «tienen una media de 15 trabajadores laborales». «Estadística tenía hasta hace unos meses 50 trabajadores laborales, pero es personal con contratos cortos para trabajos concretos; el CRMF de Lardero cuenta con unos 70 laborales, una plantilla muy ajustada, igual que en Defensa que tiene unos 70 trabajadores laborales vinculados a tareas de mantenimiento», cita como ejemplos. Respecto al ERE presentado ya por Aena, «el expediente no ha afectado, en principio, al aeropuerto de Agoncillo», indica.
En caso de que se aplique un ERE, la Administración podrá despedir a su personal laboral «con una indemnización de veinte días por año trabajado y un máximo de veinte mensualidades». La misma indemnización que se aplicaría a los trabajadores de cualquier empresa privada. Además, en el caso de la Administración no cabe la posibilidad de realizar un ERE por horas o jornadas sino «el despido directamente», aclara Bárcenas. La FSP-UGT considera que «la intención del Gobierno no es gestionar de mejor manera los servicios públicos, sino el recorte de empleo de la manera más barata posible».