El presidente del Gobierno anunció por sorpresa el pasado 1 de diciembre en el transcurso del debate parlamentario una decisión esperada hace mucho tiempo desde diversos ámbitos empresariales, y en particular desde el colectivo de los trabajadores autónomos, se trataba de la eliminación de la obligatoriedad del pago de las denominadas cuotas camerales que, con carácter de deuda tributaria, pagan la gran mayoría de las empresas para el mantenimiento del sistema de Cámaras de Comercio.
Lo más sorprendente del anuncio fue que esta decisión abarcara a la totalidad de las empresas, más allá de su dimensión, puesto que lo esperado, aunque no confirmado, fuera que se eliminara esta obligación solo para autónomos y micropymes. De hecho, entre UPTA y el Consejo General de Cámaras ya mantuvimos conversaciones en este sentido, aunque no con el éxito esperado.
En condiciones normales, esta decisión debió de ser adoptada en el marco del debate parlamentario para transponer la directiva europea de liberalización de servicios, pero como entonces no se hizo, nunca es tarde para una buena noticia.
Es cierto que con este nuevo marco, y en el caso de que las grandes empresas no acepten ahora el pago voluntario, la decisión va a tener una mayor consecuencia que la razonablemente esperada. Entre las mayores empresas del país se sufraga casi el 70% del total de las cuotas recaudadas. Lo que parecía una decisión con trascendencia política, pero no económica, ahora derivará en una fuerte e inevitable reestructuración de todo el sistema cameral. Con ello se abre el debate de futuro sobre el papel que debe corresponder a estas instituciones y su financiación.
Este debate tiene al menos tres frentes, el ajuste estructural inevitable, la modificación del sistema jurídico que ordena el modelo de las Cámaras de Comercio y los procesos electorales en ellas contemplados y la continuidad de los servicios que venían prestando.
CinDías.com 22 de Diciembre de 2010
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