martes, 6 de noviembre de 2012

Otro colectivo de autónomos planea denunciar al Servef por los impagos

Faes se plantea acudir al juez para reclamar «daños y perjuicios» y demostrar que cientos de emprendedores han cerrado por no recibir los 7.000 euros

Otro importante colectivo de trabajadores autónomos, la federación FAES con implantación en la Comunidad Valenciana, anunció ayer que estudia «acudir en breve a la Justicia ordinaria, vía lo contencioso-administrativo, para reclamar al Servef» las ayudas impagadas a los parados que montaban negocios tras salir de las listas del paro. Son ayudas, como viene informando este diario desde enero, que no se pagan desde el año 2010 y que oscilan entre los 5.000 euros para hombres y los 7.000 para las mujeres emprendedoras.
El secretario general regional de Faes, Diego Menor, se puso en contacto ayer con este diario para alertar de que los veinticinco afectados que tiene detectados (hay unos 6.000 en toda la Comunidad) tienen previsto presentar un contencioso contra el Servef. El domingo ya se informó aquí de que la plataforma 'Autónomos que no cobran subvenciones' quiere presentar una denuncia penal por supuesto delito de estafa contra los tres directores territoriales de Empleo en los años de la concesión de las ayudas.
Diego Menor asegura que «nuestro gabinete jurídico dice que hay base para reclamar daños y perjuicios, ya que cientos de los afectados que no han recibido la subvención se han visto abocados a cerrar sus negocios y ahora no tendrían derecho a la ayuda, porque había que mantener el empleo tres años, pero nosotros consideramos que sí deberían recibir el dinero».
«La Conselleria no puede considerar al farmacéutico como ciudadano de primera y a los autónomos que montaron negocios ciudadanos de tercera». FAES indica que, al igual que la plataforma, con cuyo delegado se reunió ayer para coordinar acciones de protesta y reivindicación comunes, ha registrado varios escritos de queja ante el Síndic de Greuges. La Conselleria de Educación y Empleo sigue manteniendo un mutismo total sobre el número de afectados que no han cobrado después de dos años.

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